En menos de nueve meses, Guanajuato ha enfrentado una serie de ciberataques que han puesto en evidencia las vulnerabilidades de los sistemas digitales de diversas instituciones públicas. Al menos siete incidentes de seguridad han derivado en la presunta filtración de información sensible que incluye datos personales, expedientes ministeriales, registros médicos e incluso información patrimonial de ciudadanos y servidores públicos, encendiendo las alertas sobre la protección de la información gubernamental.
El caso más reciente salió a la luz este miércoles, cuando un ciberdelincuente identificado como “cenfecracked” publicó de manera gratuita la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento de León. De acuerdo con los primeros reportes, la filtración habría comprometido la información de alrededor de 250 mil personas, entre ella nombres, CURP, teléfonos, correos electrónicos, domicilios y coordenadas geográficas. Ante esta situación, el gobierno municipal presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el origen y alcance del ataque.
La Fiscalía de Guanajuato es precisamente una de las dependencias que más incidentes ha enfrentado durante este periodo. En noviembre de 2025 fue víctima de un ataque atribuido al grupo internacional Tekir APT, organización que aseguró haber obtenido cerca de 250 gigabytes de información confidencial, incluyendo expedientes ministeriales y documentación interna. Meses después, una nueva filtración volvió a colocar a la institución en el centro de la atención, al reportarse la posible exposición de más de 336 mil expedientes relacionados con investigaciones por violencia contra las mujeres.
La lista de instituciones afectadas también incluye a la Secretaría de Salud del Estado, donde presuntamente fueron comprometidos registros de pacientes; a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, tras la difusión de información administrativa de elementos operativos; al sistema C4 de León, así como al Poder Judicial del Estado, que recientemente reconoció afectaciones en sus sistemas informáticos y la posible exposición de datos personales, laborales y patrimoniales de trabajadores y funcionarios.
Especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de ataques no solo representan un problema tecnológico, sino también un riesgo directo para la población, ya que la información filtrada puede ser utilizada para cometer fraude, robo de identidad, extorsión, campañas de phishing o ataques dirigidos contra servidores públicos y particulares. Además, la publicación de bases de datos en foros especializados facilita que la información sea replicada y comercializada por grupos criminales en distintos países.
La creciente frecuencia de estos incidentes ha reavivado el debate sobre la capacidad de las instituciones públicas para proteger la información que resguardan y responder ante amenazas cada vez más sofisticadas. Mientras avanzan las investigaciones en cada uno de los casos, expertos coinciden en que será indispensable fortalecer la infraestructura tecnológica, actualizar los protocolos de seguridad y capacitar al personal para reducir el riesgo de nuevas filtraciones que puedan comprometer la privacidad y seguridad de miles de guanajuatenses.
