La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que el gobierno de Estados Unidos debe presentar pruebas claras y contundentes contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, dejando en el centro del debate la exigencia de evidencias y no solo señalamientos.
Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó en reiteradas ocasiones que no basta con acusaciones mediáticas o declaraciones, sino que es indispensable que las autoridades estadounidenses entreguen pruebas formales que sustenten cualquier proceso legal. “Se tienen que presentar pruebas, pruebas claras”, enfatizó, al señalar que sin estos elementos no se puede proceder conforme al marco jurídico mexicano.
Sheinbaum dejó en claro que su gobierno no protegerá a nadie en caso de que existan elementos sólidos, pero recalcó que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, en este caso al gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, sostuvo que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de analizar cualquier evidencia que se remita y determinar si hay bases para actuar.
Las declaraciones se dan luego de que autoridades estadounidenses señalaran a Rocha Moya y a otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado, lo que incluso abrió la posibilidad de solicitudes de detención con fines de extradición. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno mexicano ha señalado que no se han presentado pruebas públicas que respalden dichas acusaciones.
La presidenta también advirtió que México no actuará bajo presiones externas ni por señalamientos sin sustento, reiterando que cualquier decisión deberá apegarse al debido proceso y a la soberanía nacional. En ese contexto, insistió en que la relación bilateral con Estados Unidos debe basarse en el respeto y en la cooperación sustentada en información verificable.
El caso ha escalado políticamente, pero el eje del mensaje presidencial ha sido claro: sin pruebas no habrá acción, colocando la exigencia de evidencias como condición indispensable para avanzar en cualquier investigación o proceso legal contra el mandatario sinaloense.
