El Senado de la República aprobó este martes una reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que las personas con doble nacionalidad que aspiren a alguno de estos cargos deberán renunciar a la extranjera antes de solicitar su registro como candidatas.
La modificación fue avalada con 86 votos a favor y 42 en contra, con el respaldo de Morena y sus aliados, alcanzando la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. La iniciativa contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 y, de completarse el proceso legislativo, las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse a partir de 2028.
Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la medida bajo el argumento de fortalecer la soberanía nacional y evitar posibles conflictos derivados de que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan vínculos de nacionalidad con otro país. La reforma no prohíbe la doble nacionalidad en México ni implica que quienes la tengan pierdan sus derechos políticos de manera general, pues la nueva condición se concentra en los cargos establecidos por la modificación constitucional.
En contraste, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra al considerar que la medida podría restringir los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero y adquirieron otra nacionalidad. Entre los principales cuestionamientos estuvo el posible impacto sobre la comunidad migrante y sus posibilidades de participar en la vida política del país.
El proyecto había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre, donde recibió 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, por lo que con el aval del Senado concluyó su paso por el Congreso de la Unión.
Al tratarse de una reforma constitucional, todavía deberá recibir el respaldo de al menos 17 de los 32 congresos estatales. Una vez alcanzada esa mayoría y realizada la declaratoria correspondiente, podrá continuar el procedimiento para su publicación y entrada en vigor conforme a los plazos establecidos en el decreto.
