ESTADO RECUPERA 701 HECTÁREAS EN “CAÑADA DE LA VIRGEN” PARA PROTEGER EL PATRIMONIO OTOMÍ

En una decisión contundente para la preservación de la memoria histórica, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este 18 de enero de 2026 la expropiación de 701 hectáreas circundantes a la Zona de Monumentos Arqueológicos “Cañada de la Virgen”. Durante la presentación de los avances del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí, la mandataria firmó el decreto que declara estos terrenos de utilidad pública, blindando el sitio contra la especulación inmobiliaria y garantizando su vocación cultural y sagrada.

La medida tiene como objetivo principal la investigación, protección, conservación y recuperación integral de este asentamiento prehispánico, clave para entender la astronomía y la organización social de los antiguos habitantes de la cuenca del Río Laja. La Presidenta explicó que la expropiación permitirá al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) extender sus trabajos de excavación y restauración sin las limitaciones que imponía la propiedad privada, asegurando que el legado de la “Casa de los 13 Cielos” permanezca intacto para las futuras generaciones.

Simultáneamente, y como parte fundamental de este esfuerzo de reivindicación cultural, se presentó la elaboración del Catálogo Regional de Lugares y Sitios Sagrados. Este documento, construido de la mano con los sabios y autoridades tradicionales, georreferencia y protege legalmente los espacios de peregrinación y ritualidad que existen dentro y fuera del polígono arqueológico. Sheinbaum enfatizó que Cañada de la Virgen no es solo un sitio turístico, sino un centro ceremonial vivo que debe ser respetado.

El decreto de expropiación incluye también un plan de manejo ambiental para las 701 hectáreas, que fungirán como una reserva ecológica para la flora y fauna nativa, inseparable de la cosmovisión Otomí. Las autoridades federales señalaron que se indemnizará conforme a la ley a los antiguos propietarios, pero que el interés superior de la nación y el derecho de los pueblos indígenas a su patrimonio cultural prevalecen sobre el interés privado.

Representantes de las comunidades Otomíes celebraron la recuperación del territorio, calificando el día como una victoria histórica contra el olvido y el despojo. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su política de soberanía cultural, asegurando que los monumentos y los espacios sagrados de Guanajuato sean gestionados con una visión que integre la ciencia arqueológica con el respeto profundo a la espiritualidad de los pueblos originarios que aún habitan la región.