Una nueva controversia internacional se abrió luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos de presuntos vínculos con el narcotráfico, en un caso que ya impacta el escenario político y la relación bilateral en materia de seguridad.
Según los señalamientos, los implicados habrían participado en esquemas de colaboración con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, lo que derivó en la integración de cargos por conspiración y delitos relacionados con narcóticos en ese país.
La acusación no se limita al mandatario estatal, ya que también incluye a actores políticos y de seguridad vinculados al mismo entorno gubernamental en Sinaloa, entre ellos un senador, un alcalde y mandos de seguridad, lo que apunta a la posible existencia de una estructura más amplia de presunta colusión.
Como parte de este proceso, Estados Unidos habría solicitado la detención de los señalados con fines de extradición; sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la solicitud no fue acompañada de pruebas suficientes, por lo que el expediente fue canalizado a la Fiscalía General de la República para su valoración.
En respuesta, el propio Rubén Rocha Moya negó los señalamientos y sostuvo que carecen de sustento, mientras que autoridades mexicanas han manifestado reservas sobre la forma en que se difundió la información, al advertir posibles inconsistencias con los acuerdos de cooperación bilateral.
El desarrollo del caso podría marcar un punto de inflexión en la coordinación entre México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado, especialmente si se formalizan procesos judiciales o se presentan nuevas evidencias que respalden las acusaciones contra los funcionarios involucrados.
